El pleno del Parlament catalán acaba de rechazar la convalidación del decreto ley que limita el precio del alquiler de viviendas en zonas tensionadas. Solo han votado a favor los dos partidos del Govern, JxCat y ERC, pero con sus 64 votos no tienen mayoría absoluta en la Cámara, y no han contado con el apoyo de la CUP, que lo ha considerado insuficiente. El resto de grupos (Cs, PSC-Units, Comuns y PP) habían anunciado también su voto contrario, en el caso de los Comuns por considerar que las competencias para hacerlo son estatales, según informa La Vanguardia.
Este revés al decreto ley aprobado por la Generalitat justo antes de las últimas elecciones deja en suspenso la limitación de los alquileres que, de todas, formas todavía no se podía aplicar porque los ayuntamientos no habían hecho la declaración de zonas tensionadas, imprescindible para poder poner en práctica la limitación del alquiler.
La consellera de Justícia, Ester Capella, ha defendido el decreto pese al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), no vinculante, que también había considerado que parte de su articulado invade competencias estatales, por lo que no se ajusta al Estatut y la Constitución.
El decreto facultaba a la conselleria competente en materia de vivienda, en estos momentos la de Territori, que dirige Damià Calvet (JxCat), para que pudiera limitar el precio del alquiler: podría hacerlo directamente o cediendo la capacidad a los ayuntamientos con competencias, como el de Barcelona, para que fijen límites temporales y en zonas que se definan como “calientes”. Capella ha defendido que la norma se basa en las competencias exclusivas que el Estatut reconoce a Catalunya en materia de Código Civil, pero era la primera vez que esta las ha invocado para regular directamente los contratos de alquiler de viviendas.
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