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El desahucio de Mohamed llega a la ONU

El Tribunal Constitucional y el Desahucio Express

julio 2, 2015 • Destacados, Noticias inmobiliarias

Mohamed vivía con su mujer y dos hijos en Madrid en un piso en alquiler hasta que le desahuciaron. Su caso ha llegado a la ONU y allí se analizará si el estado tiene la obligación legal o no de evitar que una familia sin recursos acabe en la calle.

Mohamed Ben Djazia vivía en una vivienda de alquiler en un barrio del norte de Madrid con su mujer y sus dos hijos mientras esperaba que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) le concediera un piso en alquiler. En octubre de 2013 fue desahuciado y el IVIMA nunca le concedió el alquiler social. Mohamed ha hecho llegar una queja a la Organización de Naciones Unidas (ONU) argumentando que el estado tiene la obligación legal de evitar que una familia sin recursos acabe en la calle y que también debe procurar garantías legales a personas que pueden perder una vivienda.

El Gobierno, en respuesta al comité de la ONU y según relata Inmodiario, ha eludido cualquier implicación de la Administración en el caso de Mohamed. Ha alegado que, al tratarse de un contrato de alquiler privado, no tenía nada que hacer a la hora de mediar con el propietario de la vivienda.

Chapter 1. Un hogar para Mohamed

Si hay condena por parte del Comité de la ONU supondría el obligatorio cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con la posibilidad de exigir en tribunales que la Administración provea de una vivienda social a la familia desahuciada.

España firmó el Protocolo Facultativo del PIDESC, un instrumento internacional que prevé un sistema de comunicaciones individuales o colectivas a Naciones Unidas en caso de vulneración de los derechos recogidos en el PIDESC, siempre que previamente se haya intentado en los tribunales internos la reparación de esa vulneración.

Este Protocolo sólo entraría en vigor cuando lo suscribiesen diez países. Esto sucedió en 2012 y a partir de mayo de 2013 entró en vigor, para vulneraciones producidas a partir de esa fecha.

Respecto al alquiler social que Mohamed llevaba esperando tres lustros, el IVIMA alega que las solicitudes de alquiler de vivienda social presentadas por Mohamed no han podido ser atendidas por la gran cantidad de peticiones que reciben cada año y que están en lista de espera.

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