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Sobre el acoso inmobiliario

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enero 17, 2014 • El Alquiler en los Tribunales, Noticias inmobiliarias

En distintos medios, incluso audiovisuales, se ha difundido recientemente la noticia de un casero que ha sido condenado a dos años de cárcel y 18.000 euros de indemnización por acoso inmobiliario a su inquilina, que nació en esa vivienda en 1939, y estaba subrogada al contrato de arrendamiento firmado por su padre en 1937.


De la lectura de los hechos probados de la sentencia, se desprende que el casero penado adquirió el edificio en 1985, parece que con la idea de especular con él, ya que solo quedaba habitando allí la perjudicada.

Los hechos relatados en la sentencia a los que me remito realizados por ese casero dejan bien claro lo reprobable de su conducta y la rectitud de la condena impuesta.

No obstante quisiera romper una lanza a favor de otros propietarios de pisos y locales que durante décadas se han visto y se ven obligados por ley a mantener unos alquileres irrisorios, pagados por inquilinos con una potente economía, en determinados casos más pujante que la de sus caseros. Nunca he podido entender la razón por la que un negocio próspero tiene patente de corso para pagar un alquiler totalmente ajeno a la realidad del mercado, por la única razón de que su contrato es de ‘renta antigua’, circunstancia ésta que le da ventaja sobre sus competidores que no disfrutan de esta sinecura.

La ley de arrendamientos urbanos ofrecía un sistema de beneficios fiscales para compensar a los arrendadores, en contratos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 que subsistan a la entrada en vigor de la Ley, mientras el contrato siga en vigor, cuando tales arrendadores no disfruten del derecho a la revisión de la renta del contrato. Este sistema se ha traducido en una insignificante deducción en el IRPF.

Para terminar quisiera resaltar que en esto del acoso inmobiliario, no es oro todo lo que reluce, como demuestra la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 22 de julio de 2013 que desestima el recurso de presunto acosado contra la sentencia del Juzgado que absolvía a su supuesto acosador.

Solicita el recurrente la nulidad de ese juicio y, en su lugar, se celebre un nuevo juicio a fin de que pueda efectuar aquellas alegaciones que no pudo hacer en la anterior instancia a cuya vista compareció sin la asistencia de intérprete, sin embargo, señala la sentencia de la AP, que ha comprobado mediante el visionado de la grabación del juicio el correcto manejo del idioma español por parte del ahora apelante que, en contra de lo argumentado en el recurso, no tiene la condición de extranjero sino que ostenta la nacionalidad española.

Pedro Hernández del Olmo, abogado

Pedro Hernández del Olmo, abogado

Pedro Hernández, abogado
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