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Condenado a dos años de cárcel por acoso inmobiliario a su inquilina de renta antigua

El inquilino se redujo un 30% el alquiler al quedarse en paro, tal como se había pactado en el contrato

enero 16, 2014 • El Alquiler en los Tribunales

Un casero ha sido condenado a dos años de cárcel por someter a acoso inmobiliario a su inquilina de renta antigua de 73 años. Es la sentencia de la Audiencia de Barcelona que rebaja la condena inicial de tres años de prisión hecha por el Juzgado Penal 9 de Barcelona. Esta rebaja en la pena podría evitar el ingreso en prisión del casero por carecer de antecedentes.


El Juzgado Penal también había condenado al casero a pagar una indemnización de 18.000 euros a su inquilina y la Audiencia de Barcelona lo confirma.

La inquilina de renta antigua vive en este local-vivienda de Barcelona desde que nació y regenta allí una tienda de cestos. En 1999 interpuso su primera denuncia en la que explicaba que no se estaban realizando las obras necesarias en el inmueble y peligraba su integridad física y la de los peatones.

Pero el casero no hizo las obras tal como indica la sentencia de la Audiencia de Barcelona: “Así las cosas, el 13 de enero de 2006, el Ayuntamiento realizó una nueva inspección de la finca. Como quiera que el [casero] no había acatado la orden de conservación, el Ayuntamiento propuso la imposición de una multa coercitiva de 600 euros, la cual le fue notificada el día 12 de abril de 2006. Al seguir sin realizar el mantenimiento de la finca, le fueron impuestas con posterioridad, otras dos multas coercitivas por falta de mantenimiento de la finca, en fechas 3 de abril de 2007 y 28 de octubre del 2008.”

BarcelonaY la historia continúa con más incidentes según se relata en la sentencia de la Audiencia de Barcelona:

“En fecha 13 de febrero de 2003, el [casero] colocó una puerta en la escalera del inmueble a fin de impedir que la [inquilina] pudiera subir al terrado de la finca para arreglar la antena y acceder a los depósitos y contadores.

En fecha 2 de julio de 2002 y 17 de septiembre de 2003, la [inquilina] denunció ante la Policía Nacional la presencia de personas en el interior de los pisos desocupados sitos en las plantas superiores del inmueble, que entraban para pernoctar en ellos y que, posteriormente pasaron definitivamente a ocupar, por cuanto el [casero] no cerraba debidamente los accesos a los mismos.

No obstante, no se ha probado que la propiedad hubiera consentido la presencia de jóvenes ocupas.

Asimismo, y como quiera que el [casero], desde el mes de febrero de 1989, se negó a cobrar el importe de la renta que la [inquilina] satisfacía cada mes, esta se vio obligada a consignar judicialmente la renta mensual siguiendo los cauces legalmente establecidos, abonando en la actualidad y desde hace años, el importe del alquiler mediante giro postal, por cuanto el acusado se niega a percibir esta cantidad.

Finalmente, el [casero], en septiembre del año 2004 dejó de pagar a la Compañía de Aguas de Barcelona el canon mensual correspondiente, a fin de que se suspendiera el suministro de agua en la vivienda de la [inquilina], pese a tener conocimiento de que esta seguía habitando dicho inmueble y abonando el importe del servicio, el cual venía siendo repercutido en el precio de la renta, rescindiendo la Compañía de Aguas, como consecuencia de dicho impago voluntario y deliberado por parte del [casero], el contrato de suministro de agua.

Desde ese día, la [inquilina] se vio privada definitivamente el servicio esencial de agua, y con ello, del normal uso y disfrute de la vivienda donde habitaba, sufriendo graves problemas de higiene y salubridad, por cuanto aquella se ve en la necesidad de ir a buscar agua a la fuente o de pedir ayuda de terceras personas.

Sin embargo, [la inquilina] , pese al constante asedio a que fue sometida por parte del acusado para obligarla a tomar la decisión de abandonar la vivienda, siguió habitando la misma en las penosas condiciones descritas, siendo que en fecha 15.10. 2008, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación 723/07, se dictó sentencia , declarando resuelto el contrato de arrendamiento relativo al local con vivienda …, condenando a la arrendataria a desalojarlo, con apercibimiento de lanzamiento de no efectuarlo en el término legal.

La situación descrita y los numerosos procesos tanto judiciales como administrativos que ha tenido que instar la [inquilina], han mermado su salud psica, padeciendo actualmente un cuadro ansioso y depresivo.”

Según publica El Mundo, la sentencia de la Audiencia de Barcelona no pone todavía punto y final al caso porque todavía queda abierta la vía civil en la que hay una sentencia que daba por finalizado el alquiler y condenaba a la inquilina a dejar el inmueble, pese a que la ejecución de ese fallo quedó suspendida al estar abierta la vía penal.

Por ese motivo, la abogada de la inquilina, Laia Serra, estudia la fórmula legal para que la sentencia de la Audiencia de Barcelona tenga “efectos en la vía civil”, de forma que quede anulada la sentencia que extinguía el contrato de alquiler, una cuestión que tiene escasos precedentes en la jurisprudencia.

Más información
La Vanguardia:
Rebajan a dos años de cárcel la pena para el acusado de ‘mobbing inmobiliario’ del Clot
El Mundo: Dos años de cárcel por acoso inmobiliario a su inquilina

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