Las viviendas protegidas para alquiler pueden venderse sin la autorización previa de las comunidades autónomas, según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC). El plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso a la vivienda, aprobado por el real decreto 801/2005, obligaba a obtener el permiso de las autonomías o ciudades con estatuto de autonomía para vender este tipo de viviendas. Sin embargo, el real decreto 14/2008 eximió de esta autorización.
La Comunidad de Madrid presentó ante el TC un conflicto positivo contra esta modificación al considerar que se estaba vulnerando su competencia exclusiva en materia de vivienda. Finalmente, el TC ha desestimado el recurso de Madrid y ha resuelto a favor del Gobierno central.
El alto tribunal considera que “el plan estatal 2005-2008, destinado al fomento del alquiler en los términos indicados, está estrechamente vinculado a la política económica general” por lo que avala que las disposiciones establecidas por el Ejecutivo son acordes con “la normativa europea y la nacional de trasposición, que tienden a privilegiar las declaraciones responsables o comunicaciones previas frente al sistema clásico de autorización; pretenden con ello facilitar actividades privadas sin renunciar a los necesarios controles administrativos de legalidad”.
De este modo, recalca que “el Estado ha ejercido así sus competencias normativas en esta materia en un determinado sentido: mejorar su funcionalidad, evitando los obstáculos que resultan de la diversidad de posibles condiciones impuestas por diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía; así como sustituir la autorización por la notificación previa”.
Esta regulación estatal no supone una anulación total de la competencia autonómica ya que “deja un margen para que las Comunidades Autónomas desarrollen el control y la gestión de la enajenación de vivienda protegida para alquiler”, establece el TC.
Más información:
El Mundo: Las viviendas protegidas en alquiler podrán venderse sin el permiso de las CCAA
Las viviendas protegidas en alquiler pueden venderse sin permiso de las autonomías
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