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Los bancos deberán esperar 6 meses para pedir el desahucio de sus inquilinos morosos del Fondo Social de Viviendas

marzo 13, 2013 • Ayudas Alquiler, Noticias inmobiliarias

Los bancos que alquilen sus viviendas vía el Fondo Social de Viviendas (FSV) y experimenten casos de impago de alquiler deberán esperar seis meses para poder iniciar el desahucio. Este plazo choca con cómo se regulan el resto de alquileres en los que normalmente, el casero envía de un burofax al inquilino moroso pidiendo el pago de la renta desde el primer impago y presenta la demanda de desahucio un mes después. No es obligatorio hacer este aviso previo, pero muy recomendable porque si se hace y el inquilino no paga en ese plazo, ya no podrá detener (enervar) la demanda de desahucio.

El FSV es una iniciativa del Gobierno central para que las personas desahuciadas después de 1 de enero de 2008 y especialmente vulnerables puedan acceder a una vivienda cedida en alquiler social por entidades financieras. Se les pide un alquiler mensual que va 150 a 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la familia. El tamaño de la vivienda varía entre los 25 y los 180 metros cuadrados. El alquiler tendrá una duración de dos años.

Y el Gobierno ha incluido un régimen especial de aplicación para los contratos de alquiler realizados vía el FSV. Así lo explica el propio Boletín Oficial del Estado:

“Otra de las disposiciones finales se refiere al régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Una norma que instó al Gobierno a promover con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurren en ellas circunstancias de especial vulnerabilidad. La reciente apertura del procedimiento de asignación de las primeras viviendas procedentes de dicho fondo exige que, con la mayor celeridad posible, se dote de cobertura legal a determinadas especialidades que deben observar los contratos de arrendamiento que, próximamente, se van a comenzar a celebrar.

…..

Disposición final segunda. Régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

1. Los contratos de arrendamiento que se suscriban en el marco de la encomienda al Gobierno prevista en la disposición adicional única del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, se considerarán contratos de arrendamiento de vivienda y estarán sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto en lo previsto en sus artículos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuación.

2. La duración de estos contratos de arrendamiento será de dos años, prorrogables por otro año.

3. A los seis meses de producido el impago de la renta sin que este se haya regularizado en su integridad, el arrendador podrá iniciar el desahucio del arrendatario.

Asimismo, transcurrido el plazo de duración del contrato, si el arrendatario no desalojara la vivienda, el arrendador podrá iniciar el procedimiento de desahucio.


Ya hay 5.000 viviendas cedidas por la banca al FSV

Ya hay 5.000 viviendas cedidas por la banca a este FSV. Los interesados en acceder a uno de estos inmuebles en alquiler social deberán solicitarlo en el mismo banco que llevó a cabo su desalojo y será la propia entidad la encargada de valorar si se cumplen los requisitos, aunque podría contar con la ayuda de los ayuntamientos y diputaciones que se adhieran al convenio. Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo.

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