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Castilla y León rebaja un 20% el alquiler y venta de viviendas públicas

agosto 15, 2013 • Ayudas Alquiler, Noticias inmobiliarias

Castilla y LeonLa Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de esta comunidad con más de 20.000 habitantes rebajarán un 20% los precios máximos de venta y alquiler de sus viviendas públicas, según establece un decreto ley aprobado recientemente que incluye 22 medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda. Esta autonomía dispone de 12.471 viviendas de titularidad pública, de las que 11.332 están en venta, 1.139 en régimen de alquiler, mientras que otras 100 están desocupadas y destinadas a situaciones de emergencia. La rebaja se aplicará sobre los 500 euros que cuesta actualmente el alquiler de uno de estos pisos y sobre los 100.000 euros que supone su compra.

Las iniciativas para ayudar a acceder a una vivienda pretenden dar una “respuesta global y urgente” a aquellas personas y familias “más necesitadas” de Castilla y León, aseguró el consejero de Fomento, Antonio Silván.

Además de la reducción del precio de alquiler o venta, se facilitarán los pagos estableciendo determinadas moratorias, se ampliará el período de amortización de préstamos hipotecarios y no se exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando ésta sea objeto de transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en un procedimiento de desahucio ni cuando se modifiquen los préstamos para reestructurar la deuda hipotecaria.

Los colectivos en riesgo de exclusión tendrán reservadas una parte de las viviendas públicas y la administración autonómica y los municipios de más de 20.000 habitantes deberán constituir parques públicos de alquiler social, que se destinarán preferentemente al arrendamiento a personas incluidas en los colectivos de especial protección.

Con este objetivo, Junta y ayuntamientos tendrán que reservar al menos el 30% de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.

Estas medidas se complementan con un nuevo régimen de viviendas protegidas. En el caso de las de promoción privada, se reduce el régimen legal de protección a 15 años. Las de promoción pública mantienen el plazo de protección en 30 años y se ofertarán especialmente a los sectores sociales desfavorecidos con ingresos hasta 3,5 IPREM, a los que el mercado no proporciona una solución a sus necesidades.

Además se flexibilizan los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Se estable un nivel máximo de ingresos de 6,5 veces el IPREM en la promoción privada y la posibilidad de que personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro sean destinatarias de viviendas protegidas cuando en las mismas se vayan a desarrollar actividades de interés público o social o se destinen a realojar personas incluidas en alguno de los colectivos de especial protección.

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Junta y ayuntamientos rebajarán un 20% los precios máximos de venta o alquiler de viviendas públicas

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