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Militares arrendatarios

rota

enero 2, 2013 • Alquiler y Hacienda

¿Qué tiene que ver la base militar de Rota con los alquileres? Aunque a simple vista poco, sí tiene. Rota acogerá cuatro buques destructores del escudo antimisiles de la OTAN. El anterior Gobierno, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, negoció la acogida de este componente naval y el Gobierno de Mariano Rajoy firmó el trato.

 

El mantenimiento de los buques en Rota saldrá a concurso pero hay algo que sí se sabe seguro: los trabajadores de la base militar deberán vivir fuera de esta puesto que está completa. El resultado: tendrán que alquilar viviendas en la localidad de Rota. Esto supondrá que aproximadamente 1.300 militares, civiles y unos 2.100 familiares optarán por el arrendamiento, lo que supondrá una importante inyección económica en el municipio.

 

 

En pie de guerra por el IBI

 

La alcaldesa de la localidad, María Eva Corrales Caballero, mantiene una negociación con el Gobierno central para poder recibir una compensación por los impuestos que deja de ingresar de las instalaciones militares, ya sean permisos de obras, impuestos de circulación o el IBI. Según declara, “La base no puede ser un paraíso fiscal y así se lo hemos dicho al Ministerio de Hacienda. No podemos permitir que haya un pueblo dentro de otro pueblo y que uno pague impuestos y otro no”. El pasado viernes, el consistorio consiguió la autorización para cobrar el impuesto de vehículos.

 

El Tribunal Supremo dictaminó que el Ayuntamiento no puede cobrar el IBI a los edificios de la base que no tienen fin militar, como heladerías, pizzerías o viviendas. Por su parte el Consistorio esperaba recaudar unos 1,3 millones de euros anuales a través de este impuesto.

 

Esta lucha tiene sus principios en los años ochenta y los diferentes partidos políticos de Rota han estado unidos en este frente contra el Gobierno central. En 2002, el mismo Supremo otorgó la razón al Ayuntamiento, ya que “los bienes de carácter comercial, deportivo o las instalaciones destinadas a esparcimiento” que se encuentran dentro de la base no afectaban a la defensa nacional y consecuentemente no debían ser exentos de impuestos. Pero los Gobiernos de Aznar y Zapatero decidieron no tener en cuenta el fallo del Tribunal. Así pues, se cambió la Ley de Haciendas Locales para eximir de impuestos a los suelos de interés para la defensa nacional. El Ayuntamiento no abonó al Estado la cifra equivalente a lo que hubiera ingresado por el cobro de los impuestos.

 

La última sentencia del Supremo, referida únicamente al ejercicio de 2007, obliga al Consistorio a devolver al Estado casi 1,2 millones de euros, atendiendo a la modificación de la Ley de Haciendas Locales.

 

 

Más información:

El País: Rota, misiles que traen alquileres

 

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