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El Gobierno Vasco apuesta por gestionar y abaratar el alquiler

Alquiler Gobierno Vasco

abril 24, 2012 • Ayudas Alquiler, Noticias inmobiliarias

Edificio PisosA partir de ahora será posible alquilar un piso en San Sebastián por 650 euros como máximo gracias al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco. Con esta medida, que tendrá vigencia hasta el 2018, se pretende incorporar al mercado viviendas privadas a precios más asequibles que los del mercado libre.

El Departamento de Vivienda se encarga de garantizar que los propietarios cobren las rentas, obtengan defensa jurídica y puedan reparar los desperfectos mediante la contratación de las pólizas seguro necesarias para cubrirlos. A cambio, el Gobierno tiene la libertad de fijar los precios máximos de los alquileres, que serán más bajos que los del mercado libre actual, para que los demandantes que no pueden afrontar este tipo de alquileres, tengan acceso a una vivienda.

La primera condición para poder optar a un piso mediante el programa de intermediación es tener unos ingresos anuales entre 7.000 y 39.000 euros. Además, los futuros inquilinos deberán carecer de vivienda en propiedad o usufructo.

En cuanto a las viviendas, éstas no podrán estar bajo protección pública y deberán presentar las condiciones básicas de habitabilidad, además de estar equipadas con muebles en cocina y baños.

Los propietarios dejarán en manos de los agentes colaboradores la gestión de todos los trámites que se deriven del arriendo: firma del contrato, gestión del depósito, cancelación de las fianzas…

Los precios máximos oscilarán entre 400 y 650 euros, dependiendo del municipio:



Antecedentes: Avalloguer en Cataluña

El Govern de Catalunya ya impulsó este tipo de mediación de alquileres en septiembre de 2008 para velar por que los propietarios cobraran el alquiler, en un panorama con cada vez más impagos y morosidad.

Los propietarios que quisieran alquilar mediante el Avalloguer no podían pedir más de dos meses de fianza y las rentas a pagar no debían superar los 1.500 euros mensuales en la ciudad de Barcelona, 1.200 euros en el resto de municipios de zona A, 1.000 en zona B, 800 en localidades de la zona C y 600 en zonas D. En caso de impago, la Generalitat se hacía responsable de pagarle hasta 6 mensualidades al casero en caso de que el inquilino no pagara.

La medida, que tenía un carácter temporal permitió alquilar 33.255 viviendas en los primeros dos años, hecho que propició su estabilidad permanente.

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