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El Tribunal Supremo considera nulas las cláusulas que piden más dinero que el máximo legal por alquiler de VPO

abril 15, 2011 • Desahucio, Noticias inmobiliarias

MAZO LEGALLos propietarios de viviendas de protección oficial (VPO) no pueden desahuciar a sus inquilinos por impago de la renta pactada si ésta es superior al máximo fijado legalmente para ese tipo de inmuebles y los inquilinos pagan lo establecido legalmente, según el Tribunal Supremo (TC). La Sala Primera del TC ha estimado el recurso formulado por un inquilino contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que daba la razón a la propietaria porque el inquilino pagaba desde junio de 2003 sólo 450 euros, frente a los 660 euros supuestamente pactados.

La sentencia recuerda que la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 considera nulas las cláusulas de los contratos de alquiler de VPO que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa administrativa aplicable. Y por lo tanto entiende que no procede la interpretación de la Audiencia Provincial de Madrid que entendía que la renta estaba pactada y, en consecuencia, el inquilino debía ser desahuciado por el impago de la totalidad.

“No se discute que la renta convenida era superior a la renta legal máxima a la fecha de suscripción del contrato, por lo que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, esta obligación de pagar una renta superior es nula y obliga a las partes a acomodar la renta a la legislación” de VPO, afirma la Sala Primera del TC.

La vivienda y alquiler en discordia

La vivienda en discordia es una VPO de Madrid. El dueño y el inquilino habían acordado un alquiler de 660 euros, pero el inquilino se dio cuenta más tarde de que este precio era superior a los 450 euros fijados en la legislación reguladora de esa clase de vivienda.

El propietario desglosó entonces el importe de la renta en dos partes, por un lado el alquiler (respetando el máximo fijado por ley) y el resto en concepto de muebles y enseres, pero el inquilino no estuvo de acuerdo. Finalmente la situación terminó en una acción de desahucio que fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid pero admitida por la Audiencia Provincial.

La Audiencia de Madrid había dado la razón a los propietarios en marzo de 2006 porque entendía que la renta había sido determinada por acuerdo de las partes y que, aunque posteriormente el inquilino no aceptase esa cantidad por ser superior a la legalmente exigible para las VPO, eso no invalidaba la renta pactada inicialmente. Por eso, al acreditarse que el inquilino no abonaba la totalidad del importe del alquiler desde hacía 3 años, se procedía al desahucio. Algo que ha parado el TC con su reciente sentencia.

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