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La Comunidad Valenciana lleva la RBE al Constitucional

febrero 28, 2011 • Ayudas Alquiler, Noticias inmobiliarias

El gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) frente al Gobierno de España por el Real Decreto que modifica la regulación de la Renta Básica de Emancipación (RBE). La Generalitat valenciana considera que el Gobierno ha impuesto un procedimiento de reintegro exhaustivo que reclama de forma general la devolución de las ayudas concedidas a jóvenes e invade las competencias autonómicas de vivienda. Y así se lo hizo saber al Gobierno mediante un requerimiento previo, pero como el Gobierno ha contestado “desfavorablemente”, el Ejecutivo autonómico ha decidido interponer este conflicto de competencias, para evitar que alrededor de 1.600 jóvenes de la Comunidad Valenciana tengan que devolver en los próximos años al Ministerio de Fomento las ayudas a la emancipación, que pueden superar los 2.500 euros al año.

Esta información aparece justo después de que el Ejecutivo haya anunciado que suspenderá cautelarmente 15.271 rentas “en breve” por haber incumplido algún requisito en su Declaración de la Renta de 2009. La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, indicó que esta suspensión cautelar no significa que todos estos jóvenes vayan a perder la ayuda de los 210 euros mensuales para pagar su alquiler definitivamente. Ahora les tocará a los jóvenes defender sus casos y luego habrá que esperar a las resoluciones de las administraciones competentes y las comunidades autónomas.

Corredor aseguró que entre los 8.214 jóvenes que recibieron notificaciones cuando se cruzaron los datos fiscales de 2008, y les fue comunicado a partir del pasado 27 de mayo, una parte pudo justificar su incumplimiento. En algunos casos, la Agencia Tributaria señaló a jóvenes cuyo sueldo estaba en 2008 por debajo del citado umbral, pero que cobraron después atrasos del año 2007. De este modo, pudieron seguir recibiendo la ayuda una vez aclarado el origen de los ingresos que superaron el límite. Otro caso, el más característico, es el de parejas que presentaron declaraciones de la renta conjunta. Éstas tuvieron que mostrar los datos separados para verse si alguno de ellos había superado el tope.

El caso valenciano

Paula Sánchez de León, portavoz del Ejecutivo autonómico, ha explicado que el Gobierno reclama la devolución de ayudas a los jóvenes que han excedido el límite de ingresos fijado en 22.000 euros, a pesar de que ese exceso puede corresponder, a juicio del Consell, a que han cobrado horas extra, gratificaciones no habituales o indemnizaciones por despido. En su opinión, el Gobierno valenciano tiene la “responsabilidad” de no “mirar a otro lado” en una cuestión que “perjudica enormemente a un colectivo importante de jóvenes”. Además, apunta que supone un “claro conflicto competencial” que se une a que el paro juvenil se sitúa en tasas superiores al 40%.

El Gobierno valenciano acude al TC porque cree que esta normativa invade sus competencias en materia de vivienda al regular de forma “exhaustiva y desmesurada” cuestiones procedimentales y de mera tramitación de esta ayuda al alquiler. Además, recuerda que esta ayuda se tramita desde las ventanillas únicas de atención al ciudadano de las comunidades autónomas, que el Gobierno central ha anunciado que va a dejar de financiar, con lo que “incumplirá lo pactado en el Plan de Vivienda y se ahorrará 6,4 millones de euros en la Comunitat”.

El conflicto de competencias planteado por el Consell se centra en los artículos 3 y 4 del nuevo Real Decreto sobre la Renta Básica de Emancipación, según publica El Mundo. Además, la Comunidad Valenciana califica “de dudosa legalidad” que se pueda habilitar al ministerio mediante real decreto para adoptar medidas cautelares para la interrupción del abono de la subvención “de carácter general, de forma indiscriminada y antes del inicio del procedimiento”. La Generalitat también opina que el Estado asume el control del pago de esta ayuda, pero traslada a las comunidades autónomas su tramitación mediante una regulación “minuciosa y uniforme que vulnera” la doctrina del TC sobre la gestión de las subvenciones a cargo de fondos estatales.

El caso madrileño

La Comunidad de Madrid también llevó la RBE al Tribunal Constitucional al considerar que la normativa estatal invade las competencias exclusivas que el orden constitucional atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda. La Comunidad de Madrid presentó este conflicto positivo de competencia después de que el Consejo de Ministros rechazara el requerimiento de incompetencia interpuesto por la Comunidad en junio por la modificación ministerial del Real Decreto que regula la RBE. El Tribunal Constitucional admitió a trámite y trasladó a su Sala Segunda el conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad en relación con la derogación del Real Decreto (366/2009) que modifica otro Real Decreto (1472/2007) por el que se regula la RBE.

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto, según afirma el Ministerio de Fomento, y ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Comunidad de Madrid, destaca parte de la sentencia donde se apunta “el procedimiento para la puesta en marcha de la RBE, vía convenio, vulnera las competencias autonómicas”. “El Estado no puede condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas a la firma de un convenio”, se puede leer en la página 16 del documento judicial. De este modo, la Comunidad de Madrid, respaldada por TC, sería la que ingrese directamente -previa transferencia de Fomento- los 210 euros a los jóvenes en lugar del Gobierno, como ocurría hasta ahora.

La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor ha defendido que la medida de la RBE fue “constitucional, necesaria y oportuna” y ha explicado que “el Tribunal Constitucional sólo ha admitido los argumentos de la Comunidad de Madrid en cuanto a la gestión de las ayudas y los pagos, es decir, respecto a aspectos procedimentales o formales, pero se desestima el recurso contra la totalidad del Real Decreto”.

El Tribunal Constitucional, según publica El Mundo, avala que el Estado pueda destinar fondos para sufragar esta subvención, determinar las condiciones generales de la misma, su cuantía, plazos y requisitos de los beneficiarios y aprobar las disposiciones generales para el desarrollo, ejecución y cumplimiento del Real Decreto que regula la ayuda. El Gobierno ya modificó la normativa original de 2007 para agilizar la tramitación de la RBE.

Más información
El Mundo: La Comunidad Valenciana lleva la Renta Básica de Emancipación al Constitucional
Enalquiler.com: La RBE hace aguas
Enalquiler.com: El Gobierno suspenderá cautelarmente la RBE a más de 15.000 jóvenes

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