El Ministerio de Vivienda detectó el pasado mes de agosto que unos 8.000 jóvenes a los que se concedió en su momento la RBE, cobran ahora más de 22.000 euros brutos anuales y eso les hace superar el límite económico impuesto como requisito para cobrar la ayuda. Por ese motivo se examinará sus casos y exigirá renuncia a la RBE si es necesario y devolución del dinero cobrado de forma indebida. Pero en la Comunidad Valenciana, la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos del Gobierno valenciano, María Jesús Rodríguez, ha asegurado que la Generalitat no va a pedir a los jóvenes de la Comunidad que devuelvan las ayudas de la RBE porque “esta decisión perjudica gravemente y va en contra de los intereses de los jóvenes valencianos en un momento de crisis en el que esta medida es si cabe todavía más desafortunada”.
Según ha declarado, el Ministerio de Vivienda “no sabe de dónde recortar gastos” y ha criticado que, además de suprimir y reducir ayudas del Plan de Vivienda para la Comunidad Valenciana por importe de 250 millones de euros, ahora quiera que unos 1.200 jóvenes de la región que recibieron una ayuda para pagar su alquiler la devuelvan.
La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha presentado las alegaciones al borrador del Real Decreto por el que se modifica la actual normativa de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes. En el documento, remitido al Ministerio, se alega que la Comunidad no puede asumir la obligación de tramitar y resolver el procedimiento de reintegro, sino que sólo actúa como mera notificadora de la resolución. Además, considera que el proceso de reintegro incurre en una complejidad administrativa que no tiene razón de ser, al convertir a las ventanillas únicas en un inspector fiscal con una asunción de competencias que, de ninguna forma, debería producirse. En todo caso, la Consejería considera que debería ser la propia Agencia Tributaria quien cree un servicio para recaudar los supuestos fondos indebidamente percibidos ya que, finalmente, dichos fondos irán a engrosar las arcas estatales y éste es el organismo que dispone de los recursos para realizar esta función.
La investigación ministerial
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha aseguró este verano que “en ningún caso” se ha pedido a ningún joven beneficiario de la Renta Básica de Emancipación que devuelva estas ayudas tras detectar que han superado los 22.000 euros de ingresos, sino que “simplemente se les ha informado de que están en esta situación”. “El Ministerio envió hace unos dos meses cartas a todos los que estaban recibiendo esta ayuda y que, según los datos de la declaración de 2008, superaban el límite de 22.000 euros anuales de ingresos”, ha explicado Corredor, que ha subrayado que la carta comunica que la Comunidad Autónoma “les va a requerir la documentación” necesaria.
La ministra ha explicado que las comunidades autónomas son “las que tienen que conceder el derecho y también las que tiene que retirarlo” y que todos los jóvenes saben que, según el decreto, si pasan el límite de 22.000 euros tienen que devolver la ayuda. “Aquellos que lo advierten no tienen que devolverlo, simplemente dejan de recibirla, pero los que no lo advierten, como el propio decreto dice, tiene que devolver las ayudas igual que cualquier otra subvención publica”, ha apuntado.
Sobre el 5% de intereses solicitado junto al retorno de las ayudas, Corredor ha especificado que todas las ayudas públicas que se tienen que devolver o reintegrar “tienen unos intereses de demora que en cada caso determina la ley”, aunque ha reiterado que todas las comunidades “van a revisar cada caso y van a dar trámite de audiencia para que todo el mundo pueda aportar la documentación que acredite su derecho”.
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