Alrededor de 300.000 andaluces podrán acceder a una vivienda pública en régimen de compra o alquiler, de los cuales más de 130.000 lo harán antes de 2012, gracias a la aprobación de la ley autonómica de Derecho a la Vivienda, cuyo anteproyecto ha recibido luz verde por el Consejo de Gobierno andaluz.
Según el calendario previsto por la Junta, este proyecto de ley será definitivamente aprobado por el Ejecutivo autonómico a principios del próximo año para su remisión al Parlamento Andaluz y en el mismo se garantizará un piso público digno a las familias de rentas bajas y medias cuyos ingresos brutos mensuales no superen los 3.100 euros.
El texto, que será remitido a los agentes sociales y económicos para que realicen sus aportaciones, fija tanto las obligaciones de las administraciones públicas como las circunstancias en que los ciudadanos pueden reclamar su cumplimiento ante los tribunales de Justicia, ha señalado en rueda de prensa el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Con seis títulos y 25 artículos, atiende al concepto de vivienda de calidad y sostenibilidad, y ha sido calificado por Espadas de “histórico”, ya que Andalucía pasará a contar con el primer texto legal de España en esta materia.
El anteproyecto de ley, elaborado por catedráticos de distintas universidades andaluzas y que cuenta con el consenso de los ayuntamientos, hace posible el derecho a la vivienda como una responsabilidad compartida entre las administraciones autonómica y municipal. De hecho, el consejero ha destacado que persigue que “el compromiso de las administraciones para promover la construcción de viviendas adecuadas a precios asequibles sea una realidad”.
Las administraciones estarán obligadas a favorecer el ejercicio del derecho a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad y no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente. También deberán estar inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que cada localidad andaluza mayor de 5.000 habitantes deberá elaborar y mantener.
Los ayuntamientos dispondrán de un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo regulado en la ley. En el caso de los municipios que no dispongan de suelo, será la Junta la que haga la reserva de suelo en base a los planes subregionales, ha apuntado el consejero.
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