Actualidad del mercado del alquiler de viviendas

El Gobierno quiere ampliar el número de beneficiarios que puedan acogerse a las ayudas para acceder a una vivienda protegida, según publica El Mundo. Vivienda aprovechará la redacción del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 para ampliar las posibilidades de acceso a una casa protegida en alquiler. Así, extenderá el límite de ingresos hasta seis veces el IPREM (37.216 euros al año) para poder ocupar como inquilino una vivienda pública.

De otra parte, el Gobierno pretende hacer compatible el disfrute de la renta básica de emancipación (RBE) -210 euros mensuales para el alquiler de los jóvenes- con la ocupación de una VPO en régimen de arrendamiento.

En el campo de las ayudas a los propietarios, Vivienda quiere suprimir la subvención de 6.000 euros del actual plan para aquéllos propietarios que saquen sus inmuebles al mercado del alquiler.

El ministerio incluye otras novedades en el documento encaminadas a potenciar la vivienda protegida en alquiler, la rehabilitación de edificios y la creación de suelo para construir pisos a un precio asequible:

A.- Colectivos específicos. El nuevo plan dispondrá de líneas de financiación para la edificación de alojamientos protegidos en alquiler destinados a la comunidad docente (investigadores o científicos) y grupos con necesidades como mujeres maltratadas, separados, divorciados, personas mayores o discapacitados.

B.- Registro de demandantes. Obligará también a las autonomías a crear un registro de demandantes de pisos protegidos en compra o en alquiler en un plazo máximo de un año para poder solicitar financiación pública y complementar sus planes de viviendas.

C.- Ayudas a promotores. Aumentará la ayuda y la financiación a los promotores para adquirir y urbanizar suelo, siempre y cuando un 50% de esos terrenos se dedique a VPO. Si esa cifra se eleva al 75%, las compensaciones serán superiores.

D.- Superficie. Las CCAA tendrán libertad para determinar los metros de los pisos públicos. En ningún caso, el Ministerio financiará construcciones por encima de los 90 metros cuadrados.

E.- Alquiler con opción de compra. Se financiarán VPO en alquiler sobre las que los inquilinos podrán ejercer su derecho a convertirse en propietarios transcurridos 10 años.

El Departamento que dirige Beatriz Corredor es consciente de que los desorbitados precios que han adquirido los inmuebles en los últimos años dejan fuera del mercado libre a muchas familias que, por volumen de ingresos, tampoco pueden optar a comprar una VPO. Por ello, se ampliará la horquilla de ingresos hasta 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para acogerse a la ayuda directa a la entrada. Así, los hogares con ingresos hasta 27.912 euros tendrán derecho a solicitar esta subvención para la compra de un piso protegido.

Más información:

El Mundo: El Gobierno ampliará el límite de los ingresos para acceder a las VPO

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El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido acabar con el fraude en las Ayudas de Emergencia Social. Sobre todo tras una primera revisión de esos expedientes que les hace sospechar que hay estafas en, al menos, un 25% de las 2.883 solicitudes tramitadas en lo que va de año, tal como publica El Correo Digital.

Demostrar la culpabilidad de los más de 600 presuntos farsantes no es tarea sencilla. La escasez de medios impide muchas veces ‘cazar’ a esas personas. Muestra de ello es que sólo un 8,5% de las peticiones han sido denegadas o, antes de ser rechazadas, acaban por ser retiradas por los propios interesados. “No podemos poner un detective detrás de cada sospechoso porque el coste económico sería tremendo”, se lamenta la edil de Acción Social, Amaya Rojas. De ahí que, como alternativa, la concejal abogue por ahondar en la colaboración entre instituciones para atajar este vicio.

Los responsables municipales, en cualquier caso, se conocen al dedillo las principales técnicas utilizadas en los fraudes. Según relata Rojas, las ‘armas’ más recurridas son, en este orden, “la economía sumergida y los subarriendos o pupilajes” -alojar a huéspedes por un precio convenido de antemano-

Son habituales los contratos de alquiler o las hipotecas por valor de 700 ú 800 euros al mes cuando el inquilino apenas percibe, en base a la documentación aportada, 400 euros al mes. En la mayoría de esos casos queda patente que existe economía sumergida, pero dar con esa segunda contabilidad es muy complicado. “El acceso a la información de la Hacienda foral y otras administraciones cercanas resulta fundamental”, describe la delegada del área. Más complejo aún es quitar la careta a aquellas personas que, siendo pareja, esconden su convivencia en un mismo piso ante la institución local para sacar mayor tajada de las subvenciones.

Otro engaño muy común consiste en divorciarse sólo para presentarse como familia monoparental. Esa maniobra es menos habitual, ya que el convenio regulador de la separación suele dejarla al descubierto. Igual de minoritarios son los casos de patrimonio encubierto, si bien “más de una vez” se han detectado solicitudes de familias con propiedades en La Rioja, Burgos y Cantabria. Amaya Rojas lo tiene claro. Van a perseguir a todos los ‘ladrones’. “No puede ser que alguien pague una matrícula elevadísima en un gimnasio y luego pida ayudas sociales”.

Más información:

El Correo Digital: El Consistorio sospecha que el fraude alcanza al 25% de las ayudas sociales

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Un muestreo realizado por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad entre los 5.381 profesionales inmobiliarios que colaboran con esta entidad refleja un incremento del 30% en el alquiler. En la nota de prensa distribuida por esta entidad se apunta también un descenso del 70% en la compraventa.

El secretario General de la Corte de Arbitraje, Mario Navarro-Rubio, analiza, en la comunicación de la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, el vuelco que ha dado el mercado inmobiliario no sólo para el ciudadano, sino para los profesionales, ya que “donde antes el principal motor económico de cualquier inmobiliaria era en un 95% la compraventa, ahora el único sustento real de las inmobiliarias que perviven es el alquiler, que les permite continuar con su actividad, y no seguir el rumbo del resto de profesionales, que en un 60%, han tenido que cerrar al no adaptarse a los tiempos”.

También ha incidido en la magnitud que ha alcanzado el alquiler “con múltiples salidas (con opción a compra, VPO, cambio de pisos de obra nueva por alquiler, etc.) como recurso para solucionar el problema de la crisis en la que está inmerso el sector, unido a la solución rápida, cómoda y económica para salvar un segundo problema como es el acceso a la vivienda”.

La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad anuncia en la nota de prensa que más de 550.000 ciudadanos adjuntan su “Garantía de Alquiler” a sus contratos de arrendamiento. Su “Garantía de Alquiler” ofrece un arbitraje de equidad a las personas que lo firman en caso de conflicto entre las partes.

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Los mercados de valores españoles contarán con los REIT (Real Estate Investment Trust) a partir del próximo año. Es un instrumento financiero materializado en sociedades cotizadas que poseen y gestionan inmuebles en alquiler. Además, según publica El País, cuentan con una fiscalidad muy ventajosa: están exentos del impuesto de sociedades, puesto que es el accionista quien tributa.

Los primeros REIT nacieron en 1960 en Estados Unidos para dar mayor liquidez y transparencia a las transacciones de inmuebles. Puesto que estas sociedades cotizan, las compraventas de acciones pueden ser diarias, lo cual no es factible con un edificio. Sólo en los cinco mayores mercados donde operan (EE UU, Australia, Japón, Canadá y Francia), la cotización de los REIT sumaba a finales de 2007 más de 600.000 millones de euros, según PricewaterhouseCoopers (PwC). EE UU suponía más de la mitad.

La legislación de las sociedades españolas estará a medio camino entre la francesa y la alemana. Su activo deberá estar invertido en un 75% de edificios urbanos de propiedad destinados al alquiler, pero sin restricciones acerca del segmento. Podrán ser viviendas, locales comerciales, residencias para mayores o de estudiantes, oficinas, hoteles o garajes. Como en Francia, estarán obligadas a cotizar en Bolsa, deberán tener un capital mínimo de 15 millones de euros y distribuirán como dividendo al menos el 90% de los rendimientos y de las plusvalías.

La duda está en si es buena idea lanzarlos en plena crisis inmobiliaria. “Sin duda, el éxito que pueden tener no es el mismo que en pleno boom. Siempre suben más al calor de lo que sucede. Pero si el precio es atractivo, puede ser un instrumento estupendo”, afirma la analista de Atlas Capital Marta Díaz-Bajo.

La pérdida de capitalización bursátil de las inmobiliarias, de alrededor de un 35% este año, también es un obstáculo. El director de Capital Markets de CB Richard Ellis, Adolfo Ramírez-Escudero, explica que el descuento con el que cotizan las inmobiliarias ya se come por sí solo la rebaja en el impuesto de sociedades. “Si se suman otros gastos, como el cambio de estructura, para algunos no será buen momento”, afirma.

Pero los analistas coinciden en que España no puede permitirse desechar estas sociedades, más cuando varias empresas y asociaciones están planteando en Europa la creación de una legislación común para REIT. Hasta ahora, el capital español había acudido a Francia. El primer REIT galo, allí denominado SIIC, salió a Bolsa en 2003. Enseguida fueron las empresas españolas, atraídas por su fiscalidad.

Las grandes inmobiliarias se lanzaron a por SIIC. Colonial adquirió Société Foncière Lyonnaise, Metrovacesa se hizo con Gecina y Sacyr Vallehermoso, con Eiffage. Luego tuvieron que desinvertir porque Francia legisló para que ningún inversor tuviera más de un 60% de una SIIC. “Fue una norma con sabor español. Lo hicieron porque el dividendo de los accionistas no tributaba allí”, sostiene el profesor de IESE, José Luis Suárez.

“Cuando Francia sacó estas sociedades el precio de los activos estaba en alza, y ahora estamos en una situación contraria, pero es una cuestión de oportunidad. Si no tenemos estos instrumentos, quedan limitadas posibles operaciones de inversión extranjeras”, sostiene Santiago Barrenechea, socio de PwC.

Antes de la crisis, el potencial de los REIT era muy amplio. Sólo el 11% de los inmuebles globales está titulizado, mientras que el resto está en manos de privados, estima Atlas Capital. Se calcula, además, que el crecimiento de este mercado debe ser de un 10% cada cinco años, por lo que podría superar el billón de euros en 2010.

Su introducción en España fue planteada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como un revulsivo para el maltrecho mercado inmobiliario. Fuentes del sector coinciden en que puede ser una oportunidad para que una sociedad se haga con inmuebles de viviendas que están sin vender y que quiera sacar al mercado de alquiler. Sin embargo, Ramírez-Escudero advierte de que los interesados en sacar a Bolsa una sociedad de alquiler deberán cuidar que sea atractiva. “No podrán lanzar cualquier producto. No podrán ser pisos, deberán definir un perímetro de activos de edificios enteros”, asegura.

Todavía falta por ver varios detalles. Por ejemplo, cuál será el máximo de participaciones que podrá tener el principal accionista o la forma por la cual sociedades patrimonialistas ya existentes (como Testa o Colonial) podrían acogerse al régimen REIT. Según el Gobierno, la respuesta llegará antes de final de año, cuando se presentará al Congreso su regulación como proyecto de ley. El sector espera que el Ejecutivo avance de acuerdo con el primer borrador para que los REIT españoles sean flexibles. Es decir, que puedan invertir en lo que quieran, sin las cuotas por segmentos que no han permitido despuntar a los fondos inmobiliarios.

Más información:

El País: Llegan las nuevas sociedades de alquiler cotizadas

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Sólo el 11% de las familias vive de alquiler en España, frente al 40% que lo hace en otros países europeos. La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, es consciente de esta realidad y afirma que “aún queda mucho trecho por recorrer” en el mercado del alquiler. No obstante, Corredor considera que el alquiler es una “opción real” para los hogares españoles y es necesario para favorecer la movilidad laboral, la productividad y la emancipación de los jóvenes.

Corredor hizo estas declaraciones en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la pregunta formulada por la diputada socialista Ana María Fuentes sobre las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para potenciar el mercado del alquiler.

Según la ministra, para que el alquiler se convierta en una verdadera opción en España, es necesario que exista una oferta suficiente y un mercado personalizado que mejore la calidad de las viviendas y que “tire a la baja de los precios” para hacerlos más competitivos.

Tras recordar las medidas que se pusieron en marcha durante la pasada legislatura, como la creación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), la Renta Básica de Emancipación o la recuperación de la deducción fiscal por alquiler que había suprimido el PP, se refirió a las iniciativas que se llevará a cabo su Departamento en el futuro. Entre éstas, está la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Enjuiciamiento Civil con el fin de dar más seguridad a los arrendatarios.

Asimismo, se refirió al nuevo Plan de Vivienda en el que trabaja el Ejecutivo, a la mejora de la financiación de la promoción de viviendas en alquiler y a la modificación normativa para favorecer la inversión privada en los suelos de las administraciones públicas cedidas en derecho de superficie. También habló de la reforma de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario y a los préstamos de intermediación para favorecer que las viviendas en ’stock’ se pongan en alquiler.

Más información:

El Mundo: Corredor admite que ‘queda mucho trecho por recorrer’ en el mercado del alquiler en España.

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Se llama alquilersubvencionado.com y ayuda a inquilinos y caseros de Andalucía a tramitar sus solicitudes de ayuda al alquiler. Ha sido creada por una de las Agencias de Fomento del Alquiler de la provincia de Almería, acogidas a los programas de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, en concreto una de El Ejido.

David Baños Molina, creador de la web destaca de ésta que “es la primera Web que va a poder permitir buscar casa sin tener que salir a la calle a buscar carteles y con la que los usuarios tendrán la oportunidad de beneficiarse de las ayudas sin necesidad de pagar un extra de media mensualidad de alquiler a quien gestiones los trámites de la ayuda”.

Enalquiler.com cuenta con un buscador de ayudas en toda España. El usuario sólo tiene que escoger su comunidad autónoma y tipo de ayuda (para inquilinos o para propietarios) para tener todas las ayudas disponibles en esa zona.

Más información:

Elalmeria.es: Crean una web para solicitar la ayuda de alquiler sin coste de tramitación

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La puesta en marcha de un programa de avales para los propietarios de pisos que en caso de impagos del alquiler supondrá un riesgo de impagos de hasta 4,8 millones de euros para la Generalitat Catalana. La Generalitat no había previsto hacerse cargo de estas ayudas, pero el rechazo del sector privado a entrar en el proyecto le ha hecho asumirlo en solitario.

El pasado marzo, la Generalitat aprobó el decreto de los avales, pero su entrada en vigor estaba supeditada a la contratación de un seguro con el que dar cobertura a las compensaciones previstas a cambio de una prima a cargo de la Generalitat. El Departament de Medi Ambient i Habitatge quería abrir un concurso para que pujaran diferentes entidades y elegir así a la que solicitase unas primas más bajas.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso sostienen que la Administración catalana puso en marcha una ronda de contactos previos con empresas aseguradoras de toda España, que fracasó. El concurso habría quedado desierto, o el resultado habría supuesto un coste fijo más alto de lo que la Generalitat esperaba. En primer lugar, porque no existen antecedentes de un contrato de aseguramiento de este tipo en España y, por otra parte, porque al tratarse de un seguro universal, es decir, que cubre a cualquier tipo de inquilino, el riesgo para una compañía de seguros sería alto. El Govern no renuncia a abrir el concurso más adelante.

Las condiciones del aval de alquiler
Los propietarios e inquilinos que así lo acuerden pueden suscribir un documento por el que quedan protegidos por el aval del Govern. De esta manera, en caso de impago la Generalitat cubrirá hasta cinco meses de renta, siempre y cuando el propietario demuestre, con una sentencia judicial, el desahucio por impagos. El Ayuntamiento de Barcelona ofrece estas ayudas desde finales de los noventa, con la diferencia de que, mientras las del Govern son universales, las del consistorio sólo cubren a los pisos alquilados a través de su bolsa de viviendas. El seguro del Ayuntamiento cubre un máximo de once meses.

El aval de la Generalitat se limita a los cinco primeros meses de renta impagados y tiene varias condiciones: que sean contratos de alquiler para la vivienda habitual de hasta 1.500 euros al mes y que no se exijan más de dos meses de fianza al inquilino ni garantías adicionales, entre otras.

Todavía se desconoce cuántos alquileres se acogerán al programa, pero, si se supone una morosidad del 2% sobre el total de nuevos alquileres de este año y una renta promedio de 800 euros, el riesgo máximo para la Administración catalana es de 4,8 millones.

La Generalitat ha limitado temporalmente la medida a los tres primeros ejercicios tras su entrada en vigor y lo supedita a las capacidades presupuestarias anuales del Departamento de Vivienda. “Así mismo –añade el decreto–, el rigor presupuestario de las circunstancias actuales aconseja limitar prudencialmente el alcance presupuestario de la nueva medida, reduciendo de seis meses a cinco la cobertura de riesgo por parte de la Generalitat”.

Mercado de alquiler
- En España, el mercado de viviendas en alquiler sólo alcanza el 14,1% del total, frente al 62% de Alemania y el 30,9% de media en la Unión Europea.
- Catalunya es la comunidad autónoma que cuenta con más viviendas en alquiler y la tasa se eleva al 23%.
- El número de desahucios por impago de alquiler en las viviendas susceptibles a entrar en el programa de la Generalitat ronda los 5.000 en los últimos años.
- Los avales de la Administración catalana cubrirán hasta seis meses de renta siempre y cuando se presente una sentencia judicial de desahucio.
- El alquiler medio estimado para las viviendas aseguradas será de 600 euros al mes, según el Colegio de Apis de Barcelona.
- De esta manera, el riesgo potencial máximo que asumen las cuentas públicas catalanas alcanza los 18 millones.
- El presupuesto de la Secretaría de Vivienda cubrirá los pagos.

Más información:
Expansión: La Generalitat asume un riesgo de casi 5 millones de euros en avales al alquiler

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El 72% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid con la Renta Básica de Emancipación aprobada todavía no cobra los 210 euros mensuales de la subvención. Desde la puesta en marcha de esta ayuda el pasado mes de enero, sólo han empezado a beneficiarse de ella 2.441 madrileños, apenas el 28% de los 8.720 jóvenes entre 22 y 30 años a los que ya se les había dado el visto bueno para que se les otorgara, según datos publicados por 20 Minutos. En total, hay 6.279 jóvenes que aún no han cobrado.

A pesar de que la situación está bastante mejor que en mayo, cuando, según publicó 20 minutos, nadie había recibido los 210 euros, el tapón burocrático al que tiene que hacer frente el joven que pida subvención parece casi insalvable: “Desde que se da el ’sí’ a la ayuda hasta que se cobra pueden pasar hasta dos meses y medio”, reconocen desde el Ministerio de Vivienda a 20 Minutos, “pero en el primer cobro se pagan todos los meses de retraso a la vez”.

Y eso sin contar el tiempo de espera que se ha de pasar desde que se presenta hasta que se aprueba la solicitud (tarea de cada comunidad Autónoma). De las 37.740 instancias echadas a 31 de agosto, 23.135 siguen sin resolverse.

Más información:

20 Minutos: El 72% de los jóvenes con ayuda al alquiler sigue sin cobrarla nueve meses después

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Más de 37.000 jóvenes están cobrando la ayuda al alquiler de 210 euros a los ocho meses de su entrada en vigor, según ha revelado la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que ha añadido que el total de solicitudes asciende a 167.000. De ellas, 105.000 están ya resueltas por las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes para gestionarlas, con un resultado de 83.000 peticiones tramitadas de forma positivas.

Sobre la ayuda al alquiler, Corredor ha aprovechado su presencia en esta cámara autonómica para reprender a las comunidades, ya que, según ha asegurado, su grado de efectividad es “manifiestamente mejorable”. Así, espera que “se pueda mejorar la resolución” de las ayudas en el futuro.

La jefa del Departamento sostiene que el Ministerio ha pagado el 100% de los pagos solicitados, por lo que ha atribuido el hecho de que los ratios de cobro no sean superiores a la deficiente tramitación en algunas autonomías. Más concretamente, ha puesto como ejemplo de mala gestión a la Comunidad de Madrid, donde asegura que el porcentaje de resoluciones es del 38%, frente a otras como Castilla-La Mancha, que alcanza un porcentaje cercano al 100%.

Más información:

El País: Más de 37.000 jóvenes cobran la ayuda al alquiler a ocho meses de su implantación

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La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de CiU, transaccionada con el PSOE, para que el pago de la Renta Básica de Emancipación por parte del Ministerio de Vivienda se haga antes de dos meses desde su concesión. Según el texto, el Congreso insta al Gobierno a trabajar con las comunidades autónomas para agilizar los trámites administrativos necesarios que permitan conceder la ayuda en un plazo de tiempo no superior a los dos meses desde que se notifica su concesión al beneficiario.

El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, ha asegurado que la demora de hasta nueve meses en el pago de la ayuda causa un “profundo malestar” en los jóvenes que la perciben y que situaciones como éstas contribuyen a alejar a los jóvenes y a la ciudadanía de la clase política. El diputado catalán ha recordado que fue el propio Ministerio el que aseguró que los jóvenes que cumpliesen los requisitos podrían acceder a la ayuda aproximadamente en un periodo de dos meses, por lo que criticó los últimos datos publicados por el Ministerio (30 de mayo), que ponen de manifiesto que sólo tres de cada diez solicitudes presentadas, tramitadas y concedidas se están cobrando.

“Tres meses después, la realidad constata que la diferencia entre el número de subvenciones solicitadas y las concedidas sigue siendo enorme”, denunció Macías, tras asegurar que en Cataluña sólo uno de cada diez jóvenes esta cobrando la renta de emancipación.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció hace unos días que el cobro de las ayudas de 210 euros al mes se ha visto retrasado upor el mayor control del fraude llevado a cabo por el Ejecutivo. El Ministerio de Vivienda ha detectado que algunos jóvenes que han solicitado la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales mantienen deudas con la Administración Pública y, consecuentemente, ha empezado a hacer controles más exhaustivo de los demandantes de la ayuda. Estos controles han ralentizado la llegada de la Renta Básica de Emancipación a los jóvenes. Más de 37.000 jóvenes están cobrando la ayuda al alquiler de 210 euros a los ocho meses de su entrada en vigor, según ha revelado la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que ha añadido que el total de solicitudes asciende a 167.000. De ellas, 105.000 están ya resueltas por las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes para gestionarlas, con un resultado de 83.000 peticiones tramitadas de forma positivas.

Más información:

1.- El Mundo: El Congreso aprueba que el pago de la RBE se realice en un plazo máximo de dos meses

2.- Enalquiler: Vivienda asegura que no se ha paralizado el pago de los 210 euros de ayuda al alquiler

3.- Enalquiler: Las deudas de los jóvenes con el Estado retrasan el cobro de la ayuda de los 210 euros

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