No todos los que han pedido ayudas para el alquiler en Cataluña van a recibirlas. Los cerca de 30 millones de euros que la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge dedicó el año pasado para ayudas al alquiler no son suficientes para satisfacer la demanda. 2.437 personas que solicitaron estas subvenciones y cumplían todos los requisitos se han quedado sin ellas por falta de presupuesto.
Estos casos suponen el 12,7% de los 20.015 expedientes tramitados. Con bastante retraso, los afectados acaban de recibir las resoluciones negativas en sus casas. Otras 3.562 solicitudes han sido desestimadas por no cumplir las bases de la convocatoria o por no haber presentado la documentación. Finalmente, las ayudas han ido a parar a 13.913 personas.
La demanda de estas subvenciones, también conocidas como ayudas al alquiler justo, ha crecido año tras año desde que se adjudicaron por primera vez, en el 2005, a medida que son más conocidas entre la población. El objetivo de la Administración catalana es equilibrar todo lo posible los números para responder positivamente al máximo de solicitudes, según han explicado fuentes de la secretaría de Habitatge.
Por ello, las dotaciones iniciales de cada ejercicio se han incrementado. En la convocatoria del 2007 pasó de 18,3 millones a cerca de 30 millones. Y la previsión es que este año, que en un principio dispone de 26 millones, pueda llegar a 60 millones. Con esta partida se podrían dar ayudas a unas 30.000 viviendas.
Requisitos para obtener la ayuda al alquiler
Las subvenciones para el alquiler justo no son sólo para jóvenes. Están dirigidas a arrendatarios de hasta 35 años con ingresos mínimos de 5.500 euros que hayan firmado un contrato de alquiler o lo hayan hecho supervisar a través de las bolsas jóvenes de vivienda, pero también a colectivos como los mayores de 65 años titulares de alquileres con prórroga forzosa; arrendatarios de viviendas administradas por Adigsa, por administraciones o empresas de los municipios o por entidades sin ánimo de lucro, y titulares de contratos de alquiler obtenidos o supervisados a través de las bolsas de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o de entidades colaboradoras que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.
Los ingresos de los inquilinos no deben superar en 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) y el alquiler no puede representar un esfuerzo superior al 30% de sus ingresos.
Las solicitudes que cumplen todos los requisitos se puntúan de acuerdo con varios criterios, como el nivel de ingresos de la unidad de convivencia y la composición e importe diferencial entre el alquiler que paga y el que la Administración considera justo. Según estos baremos, se establece un orden de preferencia para recibir las ayudas.
A pesar de que en las bases se detalla que estas ayudas cuentan con unos recursos económicos limitados y que en su concesión se aplica el sistema de concurrencia, son muchos los solicitantes que se han quedado sin ella que se quejan por no haber recibido una información clara. “Cuando presenté la solicitud me hicieron los números y me dijeron que todo estaba bien; di por hecho que me la iban a dar”, explica a La Vanguardia María José Angulo, una de las afectadas. Esta pedagoga de 32 años esperaba una ayuda de unos cien euros al mes. Volverá a probarlo este año.”
Otros 80 millones para la emancipación
Una segunda línea de ayudas, la renta básica de emancipación, puesta en marcha este año por el Ministerio de la Vivienda y dirigida a jóvenes de entre 22 y 30 años, aportará 80 millones para aligerar las facturas del alquiler de unos 65.000 catalanes. Estas subvenciones son incompatibles con las del alquiler justo. Si se obtienen ambas, se cobrará sólo la mayor.
Más información
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