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Presentada otra proposición de ley en el Congreso para regular los precios abusivos del alquiler de pisos

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abril 5, 2018 • Destacados, Noticias inmobiliarias

El Congreso ya tiene otra proposición de ley que quiere regular los precios abusivos en el alquiler de pisos. Aquí tienes todos los detalles.

Ya hay otra proposición de ley presentada en el Congreso para regular los precios abusivos en el alquiler de pisos. Esta vez ha sido el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Común Podem – En Marea quien la ha presentado.

Hace solo unas semanas repasábamos las distintas iniciativas parlamentarias que pretenden cambiar la legislación sobre alquiler de viviendas y nos preguntábamos si llegarían a materializarse y cómo. Y ahora se suma otra más. Pero veamos cómo es la historia.

Todo empezó a finales de 2017 cuando la mayoría del Congreso de los Diputados aprobó una proposición NO de ley que pide al Gobierno que haga lo necesario para que municipios y autonomías puedan regular los alquileres abusivos. Unos meses más tarde, el Congreso recibió una proposición de ley similar que pretende pinchar la burbuja de los precios del alquiler. Luego el PSOE anunció que ha presentado otra proposición de ley que también incluye la regulación de los precios.

Ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Común Podem – En Marea. Aunque este grupo ya lleva tiempo trabajando en la regulación de los precios del alquiler de pisos porque fue el impulsor de la proposición no de ley que pide al Gobierno que haga lo necesario para que los municipios que prueben que hay incrementos desmesurados en los precios de los pisos en alquiler puedan, en coordinación con sus comunidades autónomas, regular estos alquileres abusivos.

Unidos Podemos también respalda la proposición de ley elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que plantea que haya un precio máximo en el alquiler de una vivienda entre otros puntos.

Pero, ¿cuáles son las claves de esta nueva proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Común Podem – En Marea? Aquí abajo las tienes o puedes leer aquí el texto completo.

Regulación de los precios abusivos

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“A través de esta Ley se emprenden medidas básicas destinadas a paliar la situación de emergencia en la que se encuentran las personas inquilinas, revertiendo las principales reformas llevadas a cabo por la Ley 4/2013, de 4 de junio con gran impacto en el acceso a la vivienda en alquiler, e introduciendo la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en coordinación con los municipios afectados, regulen los incrementos desproporcionados de los precios de los alquileres en áreas con el mercado fuertemente tensionado, a través de un índice de precios máximos de alquiler.”

“Esta Ley opta por promover la elaboración de índices oficiales, que habrán de ser aprobados por las Comunidades Autónomas. Se favorece además la aplicación y divulgación de este instrumento de publicidad requiriendo que, en las áreas urbanas declaradas de mercado tensionado, haya de facilitarse a la parte arrendataria información sobre la renta o márgenes de renta de referencia para viviendas análogas a la que debe ser objeto de contrato tanto en las declaraciones de oferta como en el clausulado de los contratos celebrados.”

“Las nuevas disposiciones adicionales undécima y duodécima de la Ley presentan la principal novedad de esta reforma legal, consistente en la posibilidad de calificar ciertas zonas del territorio como áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado y sujetar los contratos celebrados en las mismas a un régimen de contención de renta, atendiendo al incumplimiento de la función social de la propiedad privada. El establecimiento de algunas restricciones a la fijación de la renta en ciertos contratos de alquiler de vivienda es una medida excepcional, limitada a un contexto particular de mercado tenso y debido a la situación de emergencia habitacional que se vive en algunas zonas del territorio. No pretende subvertir el principio general de libertad establecido en el artículo 17.1 de la Ley ni volver a épocas pretéritas en las que la prórroga forzosa de los contratos y la congelación de las rentas condujeron a graves distorsiones en el mercado”

Cinco años de duración mínima del alquiler

Reloj en la playa

“Se restablece la duración mínima del contrato de cinco años, adaptando el plazo de treinta días a tres meses el tiempo mínimo para que se comunique por alguna de las partes la voluntad de no renovar. Se introduce, como novedad, de acuerdo con la legislación francesa, la condición de que si la parte arrendadora es una persona jurídica, el contrato deberá prorrogarse necesariamente transcurridos los cinco años, excepto si existe una razón legítima proporcional, relacionada con el incumplimiento por parte de la parte arrendataria de sus obligaciones contractuales o legales.”

Actualización de la renta según el IPC

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“La actualización de la renta vuelve a estar vinculada al IPC durante el plazo mínimo de cinco años de duración del contrato, y transcurridos los mismos, el incremento máximo de la renta por mejoras en la vivienda se reduce de 20% a 15%, prohibiendo en todo caso que se alegue la causa de rehabilitación para no prorrogar el contrato transcurrido el plazo de duración mínima.”

Fianzas de un mes

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“No podrán pactarse fianzas superiores a una mensualidad de renta para el uso de vivienda, así como la prohibición de gastos extras para la parte arrendataria derivados de la gestión y formalización del contrato.”

….

“Las partes no podrán pactar ningún tipo de garantía del cumplimiento por la parte arrendataria de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.

Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.”

Contratos de duración protegida de un mínimo de 10 años

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“Se crea un contrato de duración protegida, para el fomento del alquiler estable y asequible, que tendrá una duración mínima de 10 años, que podrá llevar aparejado beneficios fiscales favorables, subvenciones y otras medidas a definir por las Comunidades Autónomas y municipios, en el ámbito de sus competencias.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato de duración protegida, una vez transcurridos como mínimo diez años de duración, si a la parte arrendataria no hubiese notificado a la parte arrendadora, al menos tres meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un mínimo de diez años más, salvo que a la parte arrendataria manifieste a la parte arrendadora con tres meses de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurridos los primeros cinco años de duración del mismo, la parte arrendadora comunica a la parte arrendataria que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge, en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial cuando éste careciera de más inmuebles disponibles aptos para cubrir la necesidad de vivienda. La referida comunicación deberá realizarse a la parte arrendataria al menos con cinco meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y a la parte arrendataria estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido la parte arrendadora o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, a la parte arrendataria podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesta en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de como mínimo cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación. En este supuesto, la parte arrendadora deberá devolver a las administraciones competentes los beneficios obtenidos como causa de la especialidad del contrato de duración protegida.”

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