Actualidad del mercado del alquiler de viviendas

Las promotoras usan la Renta Básica de Emancipación como gancho publicitario para colocar sus casas en régimen de alquiler con opción a compra. “210 euros menos a jóvenes. Benefíciate de las ayudas estatales para jóvenes y consigue los alquileres desde 215 euros (1 dormitorio) o desde 295 euros (dos dormitorios) es el texto del anuncio de la promotora Financiación y Gestión (Fides), que recoge El Mundo en un artículo que narra esta nueva técnica promocional.

“Fuimos los primeros en utilizar la RBE como reclamo para impulsar nuestro mercado de alquiler con opción a compra e hicimos una campaña muy fuerte con esta idea. Después nos han copiado muchos”, recuerda, Olga Morante, directora de ventas de FIDES.

“Posibilidad subvención 210€/mes. Imprescindible contrato de trabajo…,” se puede leer en el sitio de Activa Inmobiliaria. “Pedimos permiso a la Junta de Andalucía a través de una carta para poder mencionar la ayuda y nos dieron luz verde. Imaginamos que se lo comunicarían ellos a la central de Madrid. Estuvieron encantados de que pusiéramos en marcha esta idea”, señala Águeda Jiménez, gerente de Activa Inmobiliaria, una empresa conocida en Andalucía por arrendar sus viviendas por sólo seis euros.

Las promotoras orientan a los posibles beneficiarios sobre cómo tramitar la solicitud de la RBE. Desde el Ministerio, que no quiere entrar a valorar esta inesperada utilización que se está haciendo de la RBE como cartel publicitario, se apunta que la subvención “se creó para ayudar a los jóvenes a independizarse de su casa familiar por la vía del alquiler, ya sea arrendamiento tradicional o el de opción a compra”. “Por tanto, mientras un joven viva de alquiler, sea de las características que sea, y reúnan los requisitos exigidos por el Real Decreto que regula la subvención tiene derecho a beneficiarse de los 210 euros”, puntualizan fuentes ministeriales.

Morante afirma que la puesta en marcha de la RBE ayudó a su negocio. “Ese momento coincidió con la bajada de ventas y la RBE nos ayudó a cerrar decenas de operaciones. Actualmente, tenemos cerrados unas 30 viviendas a jóvenes con el gancho de la RBE sabiendo que se van a ahorrar bastante dinero”, afirma la directora de ventas de FIDES.

A Jiménez no le ha ido tan bien, aunque ha puesto en marcha el anuncio de su alquiler con opción a compra acompañado por la RBE mucho más tarde. “Por el momento, el resultado podríamos tacharlo de regular. Está la cosa muy difícil, pero a pesar de eso, gracias a este sistema, hemos cerrado seis o siete operaciones”, dice la responsable de Activa Inmobiliaria.

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El Mundo: Las promotoras explotan la ayuda pública al alquiler como publicidad privada para vender

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Tras un año y medio de la puesta en marcha de la Renta Básica de Emancipación (RBE), 124.479 jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos anuales brutos no superiores a 22.000 euros, ya la están cobrando. Madrid, Cataluña y Andalucía, son las comunidades autónomas con más jóvenes disfrutando de esta ayuda que ha recibido muchas críticas de los mismos solicitantes por la lentitud en la concesión e ingreso del dinero y la confusión en el papeleo necesario para tramitarla.

En total son 255.642 los que han solicitado la ayuda de los que 180.234 tienen ya resolución positiva. En 128.432 casos se ha verificado el pago del alquiler por parte del beneficiario, requisito necesario para poder percibir la subvención. Una vez realizadas estas comprobaciones, el Ministerio ha ordenado el pago de la ayuda a los 124.479 perceptores. Es decir, al 96,9% de los demandantes con resolución positiva y a los que se les ha verificado el pago de su alquiler.

Entre las principales incidencias con las que se ha topado el Ministerio y las consejerías autonómicas y que les ha impedido ordenar el pago de la ayuda al solicitante se encuentran las siguientes: no existe verificación del pago del alquiler o se ha interrumpido el mismo (27.820 afectados), incumplimiento con Agencia Tributaria o Agencias forales (3.963), incumplimiento con la Seguridad Social (596), desconocido por Agencia Tributaria o forales (320) y desconocido por Seguridad Social (136).

Durante el segundo trimestre de 2009 se han incorporado al sistema 25.156 nuevos beneficiarios, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda. Esta cifra representa un incremento del 25,32% con respecto al trimestre anterior. A pesar de este aumento, la cifra actual está muy lejos de las primeras previsiones realizadas por el Gobierno, que apuntaban a que 360.000 jóvenes se beneficiarían de esta subvención estatal.

En total, el Ministerio de Vivienda ha desembolsado 253,3 millones de euros para satisfacer esta subvención a los jóvenes solicitantes que viven en régimen de alquiler y cumplen todos los requisitos. De esta cantidad, 246,36 millones han correspondido al pago de mensualidades y aval, mientras que siete millones se han destinado a los pagos de préstamos de fianza. La entrada en vigor del Real Decreto que regula la RBE se produjo el 1 de enero de 2008.

La ayuda de la Renta Básica de Emancipación consiste en:

- 210 euros mensuales para el pago del alquiler de la vivienda habitual durante un máximo de cuatro años.
- 600 euros de préstamo que se puede utilizar para la fianza. Al finalizar el contrato de alquiler o cuando se deje de recibir la renta de emancipación, se deberá devolver esta cantidad.
- Si se necesita aval, 120 euros para los gastos de su tramitación.

Las mujeres, a la cabeza
Las mujeres vuelven a encabezar la lista de demandantes y, en la misma proporción, la de beneficiarios. De este modo, el 56,15% de quienes cobran la RBE son féminas, 69.892; por el 43,85% de hombres, 54.587. Por edad, los mayores porcentajes se dan entre los 26 y los 29 años concentrándose en ese tramo el 63,36% de los perceptores, mientras que el 26,31% tiene entre 23 y 25 años. Por último, el 1,97% cuenta con una edad de 22 años y el 8,33%, 30 años, edad mínima y máxima para poder cobrar la ayuda.

Madrid, con 19.031 jóvenes beneficiarios, la comunidad autónoma con mayor número de perceptores, seguida muy de cerca por Cataluña (18.989). Andalucía, la tercera región en este ránking con 15.573. En el lado opuesto, La Rioja (824) y las ciudades autónomas de Melilla (294) y Ceuta (138) se sitúan a la cola.

Alrededor de 15.000 euros, la renta media de los beneficiarios
La distribución de los beneficiarios de esta ayuda según las rentas de alquiler pagadas es la siguiente: el 29,6% de los perceptores pagan menos de 400 euros; el 42,7%, entre 400 y 600 euros; el 20,7%, entre 600 y 800 euros; y el 6,9%, más de 800 euros. Según los ingresos de los beneficiarios, el 38,6% tienen unas rentas entre 10.000 y 15.000 euros; el 36,5%, de entre 15.000 y 22.000 euros; y el 24,8, menos de 10.000 euros.

Más información
El Mundo: Casi 125.000 jóvenes cobran ya la ayuda al alquiler de 210 euros para la emancipación

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Hay más de 1,5 millones de arrendamientos que eluden el control de Hacienda. En 2008 cayó el alquiler ‘negro’, pero en 2009 repunta. Actualmente, más del 70% de los alquileres de pisos evade la tributación fiscal, según los datos a los que ha tenido acceso Expansión. Es como si todos los alquileres de dos y tres dormitorios evitarán el cerco fiscal, como reflejan los cálculos de la consultora inmobiliaria R.R. de Acuña y Asociados, que estima que alrededor del 23% de los pisos dedicados al inquilinato tiene un par de habitaciones y que el 48% tiene una más.

Es decir, sólo tres de cada diez contratos de alquiler se someten al control de Hacienda. No en vano, las únicas grandes economías que tienen una economía sumergida mayor que la de España (19,5% del PIB) son Grecia (25%) e Italia (22%), según las estimaciones preliminares de la OCDE para 2009.

El Ministerio de Vivienda publicó recientemente que en España había 2,2 millones de hogares en alquiler al cierre del año pasado. Esto significa que, sin contar el probable aumento de este subsector en 2009, 1,54 millones de pisos no se declaran al Fisco.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) calcularon a finales de 2008 que cada arrendamiento sumergido genera unas rentas sumergidas de 1.841 euros anuales “aproximadamente”. Así, el montante total actual que no pasa por el examen del Fisco cada año se situaría en los 2.836 millones. Pero si se tienen en cuenta los datos de la Sociedad Pública de Alquiler (un precio medio de 677 euros), las rentas sumergidas son de unos 1040 millones.

No en vano, el Gobierno decidió hace unos meses relajar los controles a le economía sumergida, ya que la partida de los Presupuestos destinada a “las actuaciones orientadas al control de la economía irregular” bajó más de un 8%, de la mano del control al trabajo de los extranjeros.

El problema principal es que “la contraprestación pública de declarar el alquiler no compensa”, señala José Antonio Pérez, subdirector general del IPE. “Habría que crear un registro de contratos de alquiler donde se garantice una seguridad jurídica. En caso de impago el desahucio sería aún más rápido [de los 15 días acordados anteayer], ahorrando trámites”, agrega.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, opina que en 2008 se produjo una mejoría de los alquileres opacos, gracias a que la ayuda de 210 euros a los jóvenes emancipados obliga a declarar el alquiler. Pero el presente año ha retomado la tendencia alcista: “La crisis hace que los propietarios apuesten por sumergir el arrendamiento”.

Más alquiler y más barato
En 2007 el porcentaje de rentas en negro cayó del 66% registrado en 2006 al 60%. “2009 será peor que todos ellos”, agrega Mollinedo, “porque los que especularon con inmuebles los ofrecen al mercado para compensar gastos, y desde luego están tratando de ajustar al máximo y no pagar impuestos”. Ello hace que los precios del alquiler se hayan relajado “entre un 10% y un 30%, según las zonas”, apunta José García Mateo, director de análisis de Aguirre Newman.

El parque de viviendas a cierre de 2008 se situó en 25,13 millones de inmuebles, de los que 14,15 millones son residencias habituales, 385.259 casas estaban en cesión y 2,2 millones de hogares alquilados, según Vivienda. Se confirma un aumento del 18,3% de los alquileres, cuya cuota avanzó dos puntos con respecto a 2007, hasta suponer el 13,2% del total de casas.

Fomentar el arrendamiento rebajaría el paro
El Banco de España afirma que el rígido mercado del alquiler de España también contribuye a las altas cifras de paro, porque limita la “movilidad geográfica de los trabajadores” y, por tanto, merma su “capacidad de recolocación”.

En su informe anual, señala: “Una reforma del mercado de alquileres” permitiría “dar salida al stock de viviendas sin vender, facilitaría la demanda de alojamiento en un momento en que el acceso a la compra de vivienda puede resultar difícil y, además, promovería la movilidad regional de los trabajadores”. Por último, pide que “flexibilicen los plazos de duración de los contratos”.

Más información:
Expansión: El 70% de los alquileres de viviendas no se declara al fisco

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Las viviendas en alquiler en España incrementaron su peso en el conjunto del parque residencial en 2008 hasta el 13,1%, dos puntos porcentuales más que un año antes. Sin embargo, si se analizan estas cifras por comunidad autónoma, se puede ver que siete de las 19 comunidades autónomas registraron caídas en el número de viviendas alquiladas, según se desprende de los datos del Ministerio de Vivienda.

El alquiler de viviendas ha venido superando ligeramente el 11% del parque residencial español en los últimos años, mientras que en Europa supone alrededor del 40%. Según opiniones generalizadas, esta diferencia es resultado de una fiscalidad más favorable a la compra que al arrendamiento y de un mercado en el que, los bajos tipos de interés y la rápida escalada de precios, hicieron de la compraventa de pisos un negocio muy rentable.

Tras el estallido de la burbuja, el cierre del grifo del crédito y de cara a un modelo económico no tan dependiente del ladrillo, el Gobierno ha decidido dar la vuelta a esta situación, comenzando por equiparar fiscalemente las deducciones a las que tienen derecho los adquirientes de viviendas propiedad y en alquiler, e incluso subvencionando parte de las rentas a los jóvenes de 22 a 30 años con ingresos anuales bruto que no superen los 22.000 euros en el marco de la Renta Básica de Emancipación.

Además, el Ejecutivo ha comenzado una carrera por reforzar la seguridad de los propietarios frente a los inquilinos, y facilitar así un aumento de la oferta, mediante la exención de las rentas cuando el inquilino es menor de 35 años y tiene ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la posibilidad de recuperar la vivienda alquilada para el uso de los padres, hijos o ex-cónyuges, además del propio, y una mayor celeridad en los procesos de desahucio.

Por el momento, el parque de viviendas en alquiler logró superar los dos millones de inmuebles en 2008, hasta los 2.208.539 pisos, lo que supone un 18,3% más que un año antes. En cifras absolutas, en 2008 había 341.922 viviendas más en alquiler.

Sin embargo, más allá de los datos nacionales, la distribución de las viviendas entre las comunidades autonómicas dejan ver otra realidad. Así, las viviendas en arrendamiento casi se duplicaron en Castilla-La Mancha (+92,2%) en un sólo año, aumentaron un 49,2% en la Comunidad Valenciana y un 44,6% en Murcia, mientras que el parque de viviendas en alquiler se redujo en otras siete comunidades autónomas.

Al cierre de 2008 había un 24,8% de viviendas en alquiler menos en Cantabria, cuya estela siguieron otras regiones como La Rioja (-24,7%), Baleares (-17,6%), Ceuta y Melilla (-16,1%), Extremadura (-12,5%), País Vasco (-10,1%) y Asturias (-0,05%).

Las cifras muestran que el incremento del parque de viviendas en alquiler no ha tenido un reparto homogéneo, mientras que las medidas adoptadas por el Gobierno sí han tenido un impacto nacional.

Más información:
Finanzas.com: El alquiler ganó peso en 2008, hasta el 13,1% del parque residencial, pero retrocedió en siete CC.AA.

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El consejero de Transportes, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha anunciado que ofrecerá pisos de alquiler procedentes del programa Bizgune (arrendamiento de viviendas vacías) a los parados que sean desahuciados por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. También ha indicado que el departamento ofrecerá a los promotores de vivienda libre 27.000 euros por usar durante cinco años cada piso ‘terminado y no vendido’, con el fin de ofrecerlos en alquiler protegido a quienes pierdan su casa por una ejecución hipotecaria.

Arriola se ha estrenado en el primer pleno de control al Gobierno de la historia del Parlamento con este anuncio para combatir la crisis y tachando de “irresponsable” al anterior equipo de Vivienda por poner en marcha medidas sin soporte jurídico ni presupuesto. Arriola confirmó en la Cámara que el Gobierno ha suprimido las actuaciones que aprobó a última hora el anterior consejero de Vivienda, Javier Madrazo, para ayudar a los ciudadanos amenazados de perder su vivienda por haberse quedado en paro y no poder pagar la hipoteca, porque carecían de una normativa que las sustentara y de partida económica.

A cambio, anunció este otro tipo de medidas para paliar la situación de los parados en general y no sólo de los sobrevenidos, aquellos que se hayan visto afectados en los últimos meses en algún expediente de regulación de empleo (ERE) con extinción de contratos. El Gobierno ofrecerá pisos de alquiler procedentes del programa Bizgune (arrendamiento de viviendas vacías) a los parados que sean desahuciados por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Y por otra parte, también avanzó que el departamento ofrecerá a los promotores de vivienda libre 27.000 euros por usar durante cinco años cada piso “terminado y no vendido”, con el fin de ofrecerlos en alquiler protegido a quienes pierdan su casa por una ejecución hipotecaria.

Arriola recordó que las medidas de Madrazo incluían adquirir la vivienda al desempleado si el banco renunciaba al 20% del préstamo y ofrecerle la alternativa del alquiler. Si en el futuro mejoraba su situación, el inquilino podía recomprar la vivienda nuevamente al Gobierno. Ahora ya no existirá esa posibilidad porque el Ejecutivo no comprará ninguna casa. “Compra no, alquiler transitorio, sí”, zanjó el titular de Vivienda.

Con la suspensión de las medidas de Madrazo “no se ha perjudicado a nadie”, aclaró, ya que se han resuelto los 30 expedientes que se habían presentado hasta el mes de mayo, cinco de ellos de forma favorable.

Más información:
1.- El País: Alquiler para parados desahuciados de sus pisos
2.- El Correo Digital: El Gobierno vasco ofrecerá viviendas de alquiler protegido a los parados que no puedan pagar la hipoteca

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Los caseros con inquilinos morosos van a tenerlo más fácil para recuperar sus viviendas. El Congreso aprobó ayer la ‘Ley del Fomento del Alquiler’ que plantea el desahucio de los arrendatarios que no pagan en un plazo no superior a 15 días desde que así lo diga una sentencia judicial.

Este dictamen jurídico puede estar ligado a la posibilidad de que el propietario, si así lo desea, proponga el desalojo voluntario al alquilado. Este plazo, igualmente, deberá ser de un mínimo de 15 días. Si el casero creyera conveniente esta propuesta amistosa y el inquilino no se marchara del piso en ese periodo, sería cuando intervendría un juez. Como máximo 15 días después se produciría el desahucio forzoso.

El texto aprobado es un refundido, fruto del trabajo coordinado de los portavoces de Vivienda y de Justicia de los grupos parlamentarios, que integra el proyecto de ley de fomento del alquiler de viviendas aprobada por el Gobierno a finales de 2008 y la proposición de ley de CiU de modificación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio. La norma, aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, seguirá a partir de ahora su tramitación en el Senado.

El texto aprobado por el Senado admite además que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal. Un procedimiento éste más rápido y sencillo que permitirá que el Tribunal dictará sentencia en cinco días en los casos de desahucio de la finca urbana.

No obstante, en contra del establecimiento de un periodo mínimo para el desalojo amisotoso de 15 días, no se acuerda un plazo máximo que el casero deba dar a su inquilino moroso. Además, si con anterioridad de la fecha fijada para el lanzamiento se entrega la cantidad debida al demandante, se dictará auto declarando ejecutada la sentencia, a no ser que el demandante decida lo contrario.

Los caseros podrán reclamar su piso para ex cónyuges

Además, se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos extendiendo los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler en el caso de que el arrendador necesite la vivienda para familiares en primer plazo, de forma que, además de para los padres e hijos, se pueda incluir a los ex cónyuges. Si en tres meses no se produce la ocupación, el arrendador está obligado a reponer al arrendatario el uso de la casa. En el caso de que en tres meses no se produjera esta ocupación, el arrendador estará obligado a reponer al arrendatario el uso de la vivienda, e indemnizarle por los gastos del desalojo.

Más información:
El Mundo: El Congreso fija en 15 días el plazo judicial máximo del ‘desahucio express’ para morosos

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Los propietarios de viviendas puestas en el mercado del alquiler podrán rescindir el contrato a sus inquilinos si necesitan la casa para su uso propio, el de familiares en primer grado de consanguinidad (padres o hijos) o para su ex cónyuge. Esta es una de las novedades que comprende la ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, con 20 votos a favor (PSOE, CiU y Grupo Mixto), uno en contra (ICV-IU-ERC) y 16 abstenciones (PP).

Se trata de una fusión del proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler y eficiencia energética de los edificios junto a la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley, que ahora continúa su tramitación parlamentaria en el Senado, supone la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.

La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ampliará los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler, que tiene una duración de cinco años. El propietario podrá rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda no sólo para uso propio, como ocurría hasta ahora, sino para sus padres, hijos o para su ex cónyuge en los casos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial.

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirán agilizar los largos trámites judiciales que debe afrontar el propietario de una vivienda para desahuciar a un inquilino moroso y cobrar las rentas pendientes. Todas las reclamaciones de desahucio y rentas podrán resolverse a través de un juicio verbal, más sencillo y rápido que el ordinario.

Más información
Cinco Días: Los propietarios de vivienda en alquiler podrán reclamarla para su ex cónyuge

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Un hombre y una mujer de Oropesa del Mar (Castellón) han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de varios delitos de estafa al alquilar ilegalmente apartamentos en dicha localidad costera, sin contar con el consentimiento de los propietarios. Según han informado fuentes del cuerpo de seguridad, los detenidos, quienes supuestamente también han falsificado contratos de alquiler, habrían podido estafar hasta 30 propietarios de apartamentos, con un perjuicio de 40.000 euros. La Guardia Civil se ha puesto en contacto, hasta el momento, con diez de los perjudicados, aunque las investigaciones continúan.

Las detenciones se han producido en el marco de una investigación que se lleva a cabo desde el cuartel de la Guardia Civil de Oropesa del Mar, después de que un vecino de Valladolid alertara a las fuerzas de seguridad mediante una denuncia.

El ciudadano vallisoletano comunicó que estaba recibiendo facturas de agua y de la luz con unas cantidades que indicaban que alguien pudiera estar ocupando su apartamento situado en la localidad costera. Las comprobaciones realizadas por la Guardia Civil descubrieron que lo que parecía una ocupación de un inmueble, en realidad se trataba de una estafa a gran escala.

Los agentes comprobaron que ambos detenidos, G.B.E. de 36 años de edad y R.A.C.M. de 39 años, eran antiguos empleados de una empresa dedicada a la venta de apartamentos y aprovechaban sus contactos para ofrecerse a los propietarios para gestionar el alquiler de sus viviendas, obteniendo de esa forma una copia de las llaves. A raíz de la denuncia se pudo averiguar que dichas personas alquilaban las viviendas a terceros sin comunicarlo a sus verdaderos propietarios.

Más información:
El Mundo: Dos detenidos por alquilar apartamentos sin permiso de sus propietarios

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La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el proyecto de ley que regula las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), en el que se ha introducido, con el apoyo de una amplia mayoría de los grupos, la rebaja del IVA en los alquileres con opción a compra, del 16% al 7%, y del 7% al 4% en el caso de las viviendas de protección oficial.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, asegura que la reducción del IVA en el alquiler con opción a compra supondrá un “revulsivo” para el mercado del alquiler, que aún sigue siendo escaso. Según precisó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, sólo el 13% de las familias españolas viven de alquiler frente al 40% de media en Europa, pero confió en que estas medidas, junto a otras adoptadas, servirán para movilizar un mayor número de viviendas en alquiler, mejorar su calidad y bajar sus precios.

Asimismo, en este proyecto de Ley para regular las Socimi se ha introducido la rehabilitación como una de las actividades de las Socimi y se aplicará un tipo reducido del 7% en lugar del 16% en el IVA que soportan. Por otro lado, el nuevo texto mejora el régimen fiscal de las rentas que obtengan las Socimi del arrendamiento de viviendas, para los casos en que éstas supongan como mínimo el 50% de sus activos, dejando exento el 20% de estas rentas.

Además, se amplía del 15% al 20% el porcentaje de inversión que podrán destinar a actividades accesorias y se reduce del 85% al 80% el porcentaje obligatorio de inversión en inmuebles y activos equivalentes. Por otro lado, se eleva del 60% al 70% el porcentaje de financiación ajena para permitir un mayor grado de endeudamiento a las Socimi y se podrá aplicar el régimen fiscal de estas sociedades a entidades que estén realizando las operaciones necesarias para adaptarse a los requisitos exigidos, a condición de que los cumpla en el plazo de dos años. Por último, se posibilita la transformación en Socimi de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y viceversa.

Más información
1.- Europa Press: El Congreso aprueba rebajar del 16% al 7% el IVA en los alquileres con opción a compra
2.- Europa Press: Corredor asegura que la reducción del IVA en el alquiler con opción a compra será un “revulsivo”

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El departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navara va a poner en marcha un conjunto de medidas sociales ante la crisis económica dirigidas a grupos de especial vulnerabilidad ante la actual situación de crisis y están vinculadas al empleo y a la vivienda.

Entre el paquete de medidas anticrisis, se encuentra el programa de vivienda de alquiler de integración social (VAIS) y se dirige a unidades familiares en situación de exclusión social cuyos ingresos no superen el IPREM. Está orientado a posibilitar el acceso a una vivienda en alquiler a aquellas familias que no han podido acceder a través de otros programas de protección oficial, o que no están en condiciones de esperar a promociones posteriores. En el marco de este programa se va a intervenir en cinco viviendas por cada entidad colaboradora, lo que representa un total de 25 viviendas.

Vivienda se encarga de adjudicar el piso y de subvencionar el 75% del alquiler y Asuntos Sociales subvenciona la valoración social previa de las unidades familiares solicitantes de VAIS, el acompañamiento y posterior seguimiento, en concepto de valoración social de la unidad familiar solicitante, 30 horas de un trabajador o trabajadora social, por cada vivienda; en concepto de acompañamiento social en el proceso de incorporación social, 6 horas de un trabajador o trabajadora social cada mes del primer año; y en concepto de funcionamiento de la entidad, el equivalente a 75 euros por cada unidad familiar en proceso de valoración o de seguimiento.

Más información:
Europa Press: Navarra destina más de 2 millones a nuevas medidas sociales ante la crisis

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